La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los ciudadanos españoles y la red social Twitter se ha llenado de trending topics donde casi nadie defiende a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina ni tampoco a la monarquía de los Borbones; todo lo contrario, muchos consideran que con esta sentencia judicial, la monarquía ha quedado herida de muerte y ha perdido gran parte de los apoyos que tenía entre el pueblo español, así lo atestiguan los numerosos comentarios escritos por los internautas en blogs, foros, portales de vídeo en streaming y redes sociales. Ya no estamos en aquellos tiempos en los que la información era centralizada y las cartas al director solo eran publicadas cuando eran políticamente correctas y cortesanas.
La Infanta Cristina de Borbón no hizo nada más que lo vio hacer a su familia en palacio desde que era pequeña e Iñaki Urdangarin simplemente hizo lo que aprendió de su familia política; estos dos lo único que han hecho es seguir la tradición familiar.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dictado una sentencia histórica por la cual un miembro de la familia real española es condenado a una pena de cárcel.
La Infanta Cristina ha quedado absuelta en el famoso caso Noos aunque tendrá que abonar una multa de 265.000 euros como "responsable civil a título lucrativo". Su marido, Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y tres meses de prisión. Sin embargo, el principal condenado del caso ha sido el ex-socio de Urdangarín, Diego Torres, que asumirá una pena 8 años y 10 meses de cárcel. Jauma Matas, ex-presidente de Baleares, ha sido condenado a tres años y ocho meses.
Algo más de un año después de que empezara el juicio, se conoce al fin el desenlace, no definitivo porque cabe recurso, de un proceso en el que se juzgó la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio, que percibieron unos seis millones de euros procedentes de varias administraciones públicas, así como el supuesto plan posterior para defraudar a Hacienda.
Un caso sin precedentes
El caso, histórico en España por tener por primera vez a un miembro de la familia real en el banquillo de los acusados, quedó visto para sentencia el pasado 22 de Junio. La infanta Cristina se enfrentaba a una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, por parte de la acusación particular, ejercida por el colectivo 'Manos Limpias'. La fiscalía, en cambio, no acusó a la infanta y tan solo le reclamaba 587.000 euros, que ya fueron abonados durante el proceso. Iñaki Urdangarín, por su parte, se enfrentaba 19,5 años de cárcel por presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.
Sobre el que fuera el socio de Urdangarín al frente del Instituto Noos, Diego Torres, pesaba una petición de 16,5 años de prisión. Finalmente, la condena más dura ha recaído sobre él. Mientras tanto, el que fuera presidente de Baleares, Jaume Matas, se enfrentaba a cinco años por delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad.
A los pocos minutos de conocerse la sentencia, la Casa Real ha expresado su "absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial". El Rey, que se encontraba en una visita oficial al museo Thyssen (que había sido programada con anterioridad a conocerse que el mismo día y aproximadamente a la misma hora, las 12.00, sería difundido el fallo de este caso) ha evitado hacer comentarios sobre la sentencia que absuelve a su hermana y condena a su cuñado. Por su parte, Miquel Roca, abogado de la Infanta, señala que su cliente está "satisfecha por el reconocimiento de su inocencia", pero que "sigue convencida de la inocencia de su esposo", Iñaki Urdangarín.
26.01.2017 / Los especialistas recomiendan seguir la regla ’20-20-20′ para disminuir el daño que sufren nuestros ojos ante la constante exposición a la luz de los monitores electrónicos.
Un estudio conducido por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha encendido las alarmas sobre una posible pérdida global de la visión debido a la constante exposición a las pantallas digitales que enfrenta la humanidad actualmente, según informa ‘Daily Mail’. El estudio analizó los datos de dos experimentos previos. En el primero, las retinas de ratas de laboratorio fueron expuestas prolongadamente a la luz que emiten las pantallas LED de los monitores electrónicos, demostrando que el uso de filtros de pantalla disminuyen en un 23 % la muerte de las células de la retina, causante de la pérdida de la visión. Otros filtros mostraron incluso una disminución total en la cantidad de células muertas. En un segundo experimento, los científicos calcularon la intensidad de luz que entra en los receptores oculares del ser humano y demostraron que los niños reciben tres veces más energía lumínica de alta intensidad en sus ojos —generada por los teléfonos, tabletas, computadoras o consolas de juegos electrónicos—, debido al tamaño más corto de sus brazos, respecto a los de un adulto que utiliza el mismo dispositivo.
La regla ’20-20-20′
La doctora Celia Sánchez-Ramos, jefa del equipo de investigación, destacó la importancia de estos estudios. “Las pantallas de LED son utilizadas por la mayoría de las personas de todo el mundo, especialmente los niños”, asegura. Los médicos señalan que además del daño que produce la luz en las células de las retinas, los monitores ‘secan’ más los ojos de las personas, debido a que reducen la periodicidad del parpadeo durante su concentración en la pantalla. Por ello, recomiendan seguir la regla ’20-20-20′: cada 20 minutos es necesario desviar la mirada a un objeto ubicado a unos 20 pies (6 metros) y mantenerla así durante unos 20 segundos. Con ello, se logra dar descanso a los ojos y disminuir el daño que sufren ante la exposición a la luz emitida por los monitores electrónicos.
En estos momentos, parece ser que la policía y el FBI trabajan directamente a las órdenes del cártel petrolífero de EEUU, el mismo que se ha instalado en el gobierno de EEUU, codo con codo con la mafia más oscura de Wall Street (siempre han estado ahí, pero ahora ocupan directamente los sillones delanteros).
Estas últimas horas se ha publicado que cada vez más veteranos se dirigen voluntariamente a Standing Rock para formar una barrera entre los agentes de la Policía y los activistas Sioux que protestan contra el oleoducto Dakota Access.
Los voluntarios con experiencia militar servirán de barrera humana entre los activistas Sioux y varios elementos del orden público y agentes armados privados, desplazados para dispersarlos.
Según ha declarado Elizabeth Williams, una agente de las Fuerzas Armadas de EEUU, que ha llegado este viernes a la Reserva India Standing Rock junto con un grupo de voluntarios: “Estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares privadas. Sentimos la responsabilidad de utilizar las habilidades que tenemos”.
Williams, que forma parte de un número cada vez más grande de estadounidenses experimentados en el campo militar que llegan a la localidad de Cannon Ball, ubicada en el estado de Dakota del Norte o ya se encuentran allí tras el reinicio de las obras de construcción del polémico oleoducto Dakota Access, autorizado por el presidente Donald Trump, tras haber sido paralizado bajo el mandato de Barack Obama.
Distintos participantes de estas actividades voluntarias aseguran que para los veteranos de las guerras en Vietnam y Oriente Medio, es una especie de “sanación” prestar su ayuda a los Sioux, o se refieren a la lamentable historia de la tribu, aseverando que “por fin” hay militares estadounidenses que llegan al territorio de los Sioux para ayudarlos, en vez de matar a los indígenas.
Dakota Access, un proyecto de 3.800 millones de dólares, pretende llevar diariamente medio millón de barriles de petróleo desde yacimientos de Dakota del Norte hasta una infraestructura ya existente en el estado de Illinois. Los opositores a la iniciativa afirman que la tubería puede dañar lugares de gran relevancia cultural para la tribu siux en la reserva Standing Rock, al mismo tiempo que representa un gran peligro ambiental al tener previsto que cruce el río Missouri.
Por otro lado, crecen las denuncias entre los activistas de que la policía está tratando de impedir la llegada de ayudas a los indios Sioux.
La policía ha presentado cargos contra dos veteranos estadounidenses que apoyan las protestas en Standing Rock, manteniendo a uno de ellos en la cárcel durante varios días, lo que plantea preocupaciones de que la policía está tratando de impedir que los militares veteranos ayuden a los activistas en el oleoducto Dakota Access.
Oficiales en Dakota del Norte y Dakota del Sur han detenido y buscado por lo menos a cuatro veteranos en su camino hacia los campamentos de Standing Rock en los últimos días, acusando a dos de ellos de posesión de cannabis medicinal. La policía confiscó el automóvil de un veterano y también se apoderó de lo que los funcionarios llamaron “equipo de manifestantes”, que incluía de hecho, material y suministros para acampar.
Los cargos contra los dos veteranos, que dijeron que usan el cannabis medicinal para tratar el trastorno de estrés postraumático, llegan días después de que una organización de veteranos anunciara que regresaría a Standing Rock para brindar su apoyo a los Sioux. Los activistas indígenas, conocidos como protectores del agua, han estado luchando contra el gasoducto de 3.700 millones de dólares desde la primavera pasada y han continuado viviendo en los campamentos cercanos al sitio de construcción del oleoducto, a medida que se reanudan las perforaciones.
“Estoy francamente disgustado. No tiene sentido para nosotros”, dijo Mark Sanderson, director ejecutivo de VeteransRespond, el grupo que coordina el regreso a Standing Rock.
“¿Por qué tratas de atacar a un grupo de veteranos que no hacen nada más que una misión de ayuda humanitaria en Dakota del Norte?”
Estas noticias se suman a la creciente preocupación de que las autoridades están monitoreando, deteniendo y persiguiendo a las personas afiliadas a los movimientos de protesta contra los oleoductos.
Al respecto, el diario The Guardian ha revelado que el propio FBI ha creado un grupo de trabajo de actividad anti-terrorista, dedicado a investigar a los activistas que tratan de impedir la construcción del oleoducto y que protestan en Standing Rock.
Los representantes del FBI se han puesto a investigar a varios “protectores del agua”, alertando de que un movimiento dirigido por indígenas está siendo interpretado como “terrorismo doméstico”
Lo más grave del asunto, es que el FBI está investigando a estos activistas políticos que hacen campaña contra el oleoducto Dakota Access, desviando recursos de los agentes encargados de prevenir los ataques terroristas para centrarse en los activistas indígenas y los ambientalistas.
Se desconoce el propósito de las investigaciones de los oficiales en Standing Rock y el alcance del trabajo del grupo de trabajo.
Pero el hecho de que los oficiales del FBI hayan tratado incluso de comunicarse con activistas es alarmante para los expertos en libertad de expresión, que sostienen que los agentes antiterroristas no tienen nada que investigar entre manifestantes ecologistas y defensores de los derechos de los nativos americanos.
“La idea de que el gobierno intente interpretar este movimiento no violento liderado por indígenas como algo relativo a una investigación de terrorismo interno es insondable para mí”, dijo Lauren Regan, una abogada de derechos civiles que ha proporcionado apoyo legal a los manifestantes contactados por representantes del FBI. “Es escandaloso, es injustificado … y es inconstitucional”.
Regan, que ha visitado regularmente a Standing Rock y es la directora ejecutiva del Centro de Defensa de Libertades Civiles en Oregon, dijo que se enteró de tres casos en los que oficiales del grupo de trabajo conocido como el JTTF, intentaron hablar con los activistas en persona.
Los agentes aparecieron en los domicilios de los activistas sin una citación ni una orden judicial y trataron de conseguir que los ambientalistas cooperaran voluntariamente en las entrevistas.
Los tres individuos, que incluyen a un indígena y un activista no indígena, reclamaron sus derechos de la quinta enmienda y no respondieron a los oficiales.
Según la abogada, los tres contactos se hicieron recientemente, tras la investidura de Donald Trump.
Recordemos que Trump, es un ex inversionista de Energy Transfer Partners, la firma con sede en Texas que está detrás del oleoducto, firmó una acción ejecutiva en su primera semana en el cargo para acelerar el proyecto.
La revelación sobre estos grupos de investigación del FBI, llegan precisamente en el momento en que crecen las preocupaciones en Standing Rock sobre la violencia policial y los arrestos y enjuiciamientos dirigidos contra los activistas.
Desde el verano, se han producido aproximadamente 700 arrestos, en algunos casos llevando a cargos de felonía grave y penas de prisión estatales posiblemente largas. Después de recientes acusaciones, por lo menos seis activistas ahora están enfrentándose a cargos en la corte federal.
En noviembre, un oficial de la JTTF también se presentó en la habitación del hospital de Sophia Wilansky, una joven de 21 años que resultó gravemente herida durante un enfrentamiento con la policía en Standing Rock, según su padre, Wayne Wilansky. El FBI se llevó su ropa y aún no la han devuelto.
Wayne dijo que sospechaba que el FBI trajo a un agente de investigación anti-terrorista, dado que la policía local había alegado que los activistas causaron una explosión que provocó las heridas de su hija. Sin embargo, los testigos sostienen que la joven recibió el impacto de una granada aturdidora lanzada por la policía. Algo que confirman los propios médicos que han examinado el tipo de heridas de la joven.
Y para respaldar aún más la sensación de abuso sobre los Sioux y los activistas, uno de sus líderes sostiene que el gobierno de EEUU no ha dado autorización ambiental para realizar la construcción del oleducto Dakota Access.
Según Bald Eagle, coordinador de asuntos intergubernamentales de la Tribu Siux del Río Cheyenne, el cuerpo de ingenieros obtuvo el derecho de servidumbre para construir la parte final del oleoducto Dakota Access con base en una evaluación ambiental que hizo la propia empresa constructora y no la autoridad federal.
“No se ha hecho nada en forma correcta, lo cual es típico de la política del Gobierno de EEUU hacia cualquiera de las naciones indígenas”, sostuvo Bald Eagle.
shred es un comando Unix que se puede utilizar para borrar archivos y dispositivos de forma segura para que puedan ser recuperados sólo con gran dificultad con hardware especializado, si es que lo hacen. shred parte de GNU Core Utilities .
user@linuxmint ~ $ shred -zfu -n
user@linuxmint ~ $ shred -zvu -n 5 archivo
wipe
wipe es una herramienta adecuada para usar en el borrado de datos en discos duros u otros soportes magnéticos.
secure-delete es un conjunto de herramientas para el sistema operativo Linux y proporcionan técnicas avanzadas para la eliminación permanente de archivos. Una vez que Secure-Delete se ha instalado en cualquier sistema Linux, proporciona los siguientes cuatro comandos:
sfill sobreescribe de forma permanente el espacio libre del disco para que toda la información eliminada sea irrecuperable, por más que se intente usar programas de recuperación de datos.
smem se utiliza para limpiar el contenido de la memoria, es cierto que el contenido de la memoria RAM se limpia cuando el sistema se reinicia o se apaga, pero todavía quedan algunos restos de datos en la memoria. Este comando proporciona una limpieza segura de la memoria, simly ejecuta smem comando en el terminal.
user@linuxmint ~ $ sudo aptitude install smem
user@linuxmint ~ $ smem
sswap
swap se utiliza para borrar las particiones de intercambio (swap), que almacenan los datos de los programas en ejecución cuando la RAM està llena. Por lo tanto, si siente la necesidad de ejecutar smem, es probablemente una buena idea ejecutar sswap también. Sin embargo, antes de usarlo usted debe desactivar la partición de intercambio (swap). Usted puede determinar sus dispositivos montados en el siguiente orden, suponiendo que la partición sswap está en /dev/sda5:
