El pasado 10 de abril un grupo llamado “No somos delito proyectó un holograma de manifestantes marchando frente al edificio del Congreso en Madrid. De momento, las protestas virtuales con hologramas no son ilegales en España. Increíblemente, sin embargo, casi cualquier otra clase de protesta pacífica si l será si una nueva ley entra en vigencia el 1 de julio, como está planeado.
La Ley de Seguridad Pública, llamada popularmente “ley mordaza”, definirá la protesta por parte de personas reales en frente del parlamento y otros edificios oficiales como “una alteración de la seguridad pública”, sancionable con una multa de 30.000 euros. La gente que se una espontáneamente a protestas frente edificios públicos, centros de transporte, plantas nucleares o lugares similares se arriesgan a recibir una exorbitante multa de 600.000 euros. El “uso no autorizado” de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, -presumiblemente dirigida contra fotoperiodistas o ciudadanos ordinarios que tomen fotos de policías o soldados con sus cámaras- conllevará una multa de 30.000 euros, lo que hará difícil documentar abusos.
La ley fue propuesta en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy, cuyo partido conservador goza de mayoría en ambas cámaras. El Congreso aprobó la ley en diciembre y, a pesar de los ruegos de grupos de derechos humanos y de Naciones Unidas, el Senado la aprobó el mes pasado.
El principal objetivo de la ley, por lo que parece, es ayudar a mantenerse en el poder al partido del gobierno, desanimando las protestas contra la austeridad que se han transformado en un apoyo generalizado al populista partido Podemos. En las elecciones de este año, Podemos parece destinado a lograr grandes resultados.
La Unión Europea debería actuar rápidamente condenando la nueva ley. Maiana Kaiai, comisionada especial de Naciones Unidas para los derechos de libertad de reunión pacífica, ha urgido a los diputados españoles para que rechacen la medida, arguyendo que “los derechos de protesta pacífica y de expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. La nueva Ley Mordaza española hace retroceder hasta los oscuros días del régimen franquista. No tiene lugar en una nación democrática en la que los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual a la protesta pacífica y colectiva.
