José Luis Abarca aparece como el posible cerebro que ordenó reprimir y luego desaparecer a decenas de estudiantes que el 26 de septiembre se dirigían a esa localidad del estado de Guerrero.
El alcalde en uso de licencia de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, aparece como el posible cerebro que ordenó reprimir y luego desaparecer a decenas de estudiantes que el 26 de septiembre se dirigían a esa localidad del estado de Guerrero, sur de México, a recaudar fondos y realizar algunas protestas, según dirigentes del propio partido del funcionario, vinculado además a grupos criminales por un informe privado.
Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece Abarca, fugitivo de la justicia, señalaron que el gobierno sabía de los nexos del alcalde de Iguala, donde a raíz de los incidentes de hace dos semanas desaparecieron 43 estudiantes y fueron halladas fosas con 28 cuerpos.
La senadora del PRD Dolores Padierna y su esposo, el dirigente René Bejarano, rechazaron que se cargue toda la responsabilidad de la violencia en Guerrero al gobernador Angel Aguirre, que también integra el partido.
Padierna dijo que informó a la Procuraduría General hace un año cuando Abarca ordenó asesinar a Arturo Hernández, un dirigente del PRD en Iguala y a otros militantes.
Abarca es acusado por la fiscalía de Guerrero, con base en declaraciones de algunos de los 22 policías municipales detenidos el pasado 26 de septiembre, de ordenar, junto con un capo identificado sólo como "El Chucky", el ataque a tres buses que transportaban a más de un centenar de estudiantes.
Además, un informe interno del Centro de Investigación y Seguridad nacional (Cisen) revela las relaciones de Abarca con grupos del crimen organizado, entre ellos el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, lo que le permitió reunir una enorme fortuna personal.
Titulado “Avances en la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero”, el informe interno, fechado el 1 de octubre, destaca que el alcalde logró sobornar a las dirigencias estatal y nacional del PRD, a través de diversos mecanismos, como la entrega de dinero en efectivo y apoyos en especie.
Sobre los hechos violentos del 26 de septiembre, el documento establece que luego de realizar una movilización en Iguala, un grupo de alrededor de 100 estudiantes de una escuela rural pretendía trasladarse a la Plaza de las Tres Garantías, ubicada en zócalo de esa población, donde a las 18 la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, rendiría su segundo informe de labores como presidenta del DIF Municipal.
Por ello, señala que Pineda Villa le ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, que no permitiera que los estudiantes de Ayotzinapa llegaran al lugar del evento, para lo cual debía de implementar un operativo que frenara su avance y los replegara.
Por esa orden el jefe policial pidió el traslado de decenas de policías municipales con la tarea de frenar a los estudiantes, lo que que derivó en un enfrentamiento físico y verbal, y cuando los estudiantes iban a ser detenidos hubo otro choque, pero en el que los agentes dispararon abiertamente, con un saldo de 3 muertos y más de 18 heridos.
El documento, citado por el diario El Universal, establece que horas más tarde patrullas de la policía preventiva confundieron el colectivo en el que viajaba un equipo de fútbol de Chilpancingo con otro ocupado por los estudiantes, y y dispararon sin ninguna advertencia. Allí murió el chofer, un jugador de 15 años y una mujer que pasaba por el lugar.
