Un amigo judío me comentó que la crisis subprime cuyo epicentro hay que ubicarlo en USA, se originó porque el gobierno federal de George W. Bush tenía como objetivo que cada ciudadano estadounidense pudiese adquirir una vivienda. La concesión de créditos hipotecarios por parte de las entidades financieras de USA a ciudadanos de estrato económico bajo (en su mayoría personas de raza negra e hispana), estuvo condicionada por una ley contra la discriminación racial. El temor de que las entidades financieras, sufrieran un alud de demandas por una posible discriminación racial, reclamando indemnizaciones multimillonarias, trajo consigo que las entidades financieras de USA concediesen créditos hipotecarios a personas de dudosa solvencia financiera. Además, algunas entidades financieras norteamericanas, emitieron unos bonos basura ofreciendo una tasa de interés y tomando como fondo de garantía el valor de dichos créditos hipotecarios, vendieron los bonos por todo el mundo. Al final gran parte de estas personas, no pudieron devolver los créditos hipotecarios con sus intereses. y las entidades financieras que vendieron bonos a sus compradores, no pudieron devolver su valor con su correspondiente interés, a sus acreedores. Esto provocó un efecto dominó generando una crisis financiera internacional que terminó afectando a otros sectores de la economía como el sector inmobiliario.
En estos tiempos de crisis económica, las administraciones públicas de las comunidades autónomas de España para financiar su déficit público, decidieron emitir bonos que tienen un valor real muy inferior al valor nominal. las administraciones públicas autonómicas están utilizando a entidades bancarias (cajas locales) para colocar estos bonos. A cambio de este servicio, las cajas cobran comisiones escandalosas a las administraciones públicas autonómicas. Estas cajas colocan estos bonos que sirven para financiar la deuda de las administraciones públicas, hablando maravillas de estos bonos y también entre los clientes que tienen contratados pólizas de créditos con estas entidades, exigiendo les que adquieran un 10% de estos bonos bajo la amenaza de clausurar su póliza de crédito, sin la que sus negocios, no pueden mantenerse a flote. Estos bonos tienen una rentabilidad de un 5 o 6% cuando la rentabilidad en los mercados internacionales son de 13 o 18%. Los clientes incautos, aceptan resignados. Algunos consideran que de esta forma, se está financiando un gasto superfluo en las administraciones autonómicas, que no generan valor producido por trabajo sino pérdidas económicas de carácter irreversible y que contribuyen a un endeudamiento progresivo que desembocaría tarde o temprano en una quiebra de las administraciones públicas por falta de fondos en sus arcas.
Al final, los bancos poseen unos bonos de unas administraciones públicas muy endeudadas cuyo valor real actual en el mercado es de un 50% respecto al valor nominal emitido. En este caso concreto, el valor real de estos bonos asciende a 100 mil millones de euros, cuando su valor nominal al que fueron emitidos equivaldría a 200 mil millones. De forma paulatina se está generando un enorme agujero financiero al que hay que sumar el agujero producido por la crisis del ladrillo (Un agujero de bienes inmuebles que posee el sector financiero español por valor de 330.000 millones) y que ha reducido ostensiblemente el valor del patrimonio inmobiliaro que poseen las entidades financieras en la actualidad, a todo esto, hay un agravante añadido que consiste en que las entidades financieras ya no se prestan dinero entre si. Es posible que a corto plazo, una 50% de las entidades bancarias quiebren o sean intervenidas por el estado usando el Fondo de Restructuración Ordenación Bancaria (FROB). El FROB tiene por objeto gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración entre entidades. Este tiene una dotación de 9.000 millones de euros, de los cuales el 75% (6.750 millones de euros) está financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y los remanentes del Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el 25% restante (2.250 millones de euros) por los distintos fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
Debido a la crisis, el sistema bancario está en una situación muy delicada y esto ha traído consigo, una serie de fusiones entre entidades financieras u absorciones de entidades financieras pequeñas por otras mas grandes además de la intervención del Fondo de Restructuracion y Ordenación Bancaria (FROB).
Un ejemplo concreto de la intervención del FROB, seŕia el de la entidad bancaria gallega Nova Caixa Galicia, resultado de la fusiòn de Caixa Nova y Caixa Galicia y cuyos ex-directivos se han prejubilado, garantizandose imdemnizaciones multimillonarias y escandalosas. La junta de accionistas ha realizado una ampliación de capital para dar cabida al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como inversor externo temporal mientras se espera la llegada de inversores del sector privado. El FROB se ha hecho con el 93% del capital de Nova Caixa Galicia dejando un 7% a la entidad bancaria gallega y evitando así que esta entidad suspendiese el denominado stress tests o pruebas de solvencia. Otras entidades bancarias como Caja Castilla-La Mancha, cuyo proceso de intervención, reestructuración por parte del FROB y venta se alargó durante un plazo de varios meses.
Algunas entidades financieras, han acudido al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que es un fondo financiado por los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y el Banco de España para cubrir las pérdidas de los depositarios en caso de insolvencia de alguna entidad financiera. Este es el caso de Caja Castilla-La Mancha absorbida por la entidad Unicaja que solicitó al FGD, 900 millones de euros y devolvió el pago con "ladrillo".
El objetivo de esta restructuración es que cumpla los requisitos de la recapitalización de las entidades financieras recogido en el Real Decreto Ley dictado el 19 de febrero de 2011 y aprobado por el consejo de ministros convalidado por el Congreso el 10 de marzo, también denominado reforzamiento del sistema financiero. Con esta recapitalización se trata de evitar consecuencia de una falta decapitalización adecuada para afrontar un alto volumen de impagos como consecuencia de la crisis inmobiliaria y el incremento de la morosidad, aunque esta situación también afectaba a otras entidades financieras como los bancos.
En resumen, las administración publica estatal con el dinero de los contribuyentes, respalda a las entidades financieras, tratando de garantizar su capitalización y solvencia mediante el FROB y el FDG y las entidades financieras respaldan a las administraciones públicas autonómicas y locales. El invento es perfecto siempre que el deficit público de la administración publica estatal no se incremente y lleve a la quiebra. Recordemos que el nivel de endeudamiento de algunos estados de la U.E con la banca internacional es muy alto, como puede ser el caso de Grecia.
Este circulo vicioso es el que puede generar una crisis económica a escala mundial y el derrumbamiento del sistema.
