El nuevo gobierno noruego “busca
quitar poder a los sindicatos”, recortar derechos y “avanzar en la
privatización” de la empresa estatal petrolera Statoil, advirtió Diis
Bohn, directora de Asuntos Internacionales de la Confederación de
Sindicatos del país nórdico (LO).
De paso por Argentina, donde brindó una
ponencia sobre el peso de los sindicatos en el diseño de políticas
públicas y sociales en su país, Bohn evidenció -entrevistada por Télam-
el alerta que despertó en LO (Landsorganisasjonen) el hecho de que siete
ministros del conservador Partido del Progreso (FrP) integren el
Ejecutivo estrenado el 17 de octubre pasado en Oslo.
El enfoque de esta nueva coalición,
mucho más ahora en el marco de la crisis capitalista que golpea Europa,
estará centrado en “el individuo por sí mismo, y no la colectividad”,
señaló Bohn, que también presidió el Sindicato Nacional de Periodistas
en su país.
Los datos de la realidad dan la razón a
la sindicalista: el nuevo Ejecutivo encabezado por la primera ministra
Erna Solberg, del Partido Conservador (PC), prometió poco después de
asumir el cargo que bajaría impuestos, disminuiría la dependencia
petrolera y endurecería la política hacia inmigrantes en ese país donde
casi el 13 por ciento de la población es de origen extranjero (la mitad
de ellos no europeos).
El estratégico sector petrolero, que
permitió al país la creación de un fondo soberano de 750.000 millones de
euros (uno de los más grandes del planeta, que representa el 1,25 por
ciento de la capitalización bursátil mundial), es también un tema en el
que la Central Sindical de Bohn centra sus preocupaciones.
Hay una norma estricta en el país
nórdico que limita al 4 por ciento de ese fondo el dinero que el
gobierno puede retirar para elaborar o completar su presupuesto anual
-actualmente deficitario-, pero el nuevo Ejecutivo ya adelantó que busca
modificar ese guarismo, con el objetivo de estar menos limitado en su
diseño fiscal, explicó la sindicalista.
“Tememos más privatización aún” -alertó
Bohn-, “quieren vender más acciones estatales de Statoil, para que la
participación del Estado sea minoritaria”.
Ese avance dependerá “del balance de
poder entre los dos partidos en el gobierno” así como de “cómo jueguen
sus cartas los partidos de izquierda en el Parlamento”, explicó Bohn,
que recordó las relaciones que LO tuvo con el Partido Laborista (PL) del
saliente primer ministro Jens Stoltenberg, ahora jefe de la oposición.
“LO luchará contra esa política a todo
nivel”, advirtió Bohn en fluido castellano -producto de sus estudios de
posgrado sobre Latinoamérica, explica- tras admitir que su país no fue
tan afectado como otros por la crisis económica de Europa.
Luego, matizó que la cooperación
tripartita (estado-empresa-trabajadores), que “está muy
institucionalizada en la prácticas políticas noruegas y se ejerce al
margen del color del gobierno”, subraya la sindicalista, puede permitir
superar eventuales diferencias entre LO y el gobierno.
Bohn se refirió también a los eventuales
alcances de la ultraderecha en Europa, cuyos más emblemáticos ejemplos
se expresan en los xenófobos Partido Popular Danés, los Verdaderos
Finlandeses y en Noruega el FrP, que acunó hasta hace poco a Anders
Behring Breivik, responsable de las matanzas de Utoya y Oslo, que
dejaron 77 muertos, en julio de 2011.
Sobre este punto, Bohn admitió la
preocupación que genera en las filas sindicales este tipo de
movimientos, algunos con creciente representación parlamentaria y
permeables entre las clases trabajadoras, pese a que buscan “revertir
conquistas” del sólido Estado de Bienestar.
“Hay que ser honestos. También entre los
casi 900.000 miembros de LO hay mucha gente que vota por el Partido del
Progreso”, señaló la noruega tras reflexionar que “a través de
discusiones políticas y procesos democráticos, debemos convencer que la
vida laboral como lo conocemos en Noruega, debe seguir sin demasiados
cambios estructurales”.
Landsorganisasjonen (LO) nuclea a cerca
de 900.000 trabajadores noruegos de trabajadores tanto del Estado como
de aproximadamente 22.000 PYMES (pequeñas y medianas empresas).
Durante la década de los 80, cuando las
políticas neoliberales explotaron, la Central Sindical desarrolló una
activa (y exitosa) resistencia a la desregulación laboral.
La campaña incluyó planes como el
“Proyecto de Municipalidad Modelo”, en el que los propios trabajadores
elevaron sus estándares y calidad de los servicios, con tres
condiciones: sin privatizaciones, sin licitación competitiva y sin
despidos.
Telam / LibreRed
