La detención de los chilenos Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda en Barcelona, ambos absueltos por los cargos imputados en el denominado “caso bombas”, ha generado una ola de reivindicaciones políticas desde La Moneda.
El ministro de Defensa y ex titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue el primero en justificar los más de 61 millones de pesos derrochados en el mayor fracaso judicial del gobierno de Sebastián Piñera que incluyó la presentación de pruebas falsas, testigos protegidos, declaraciones dictadas, escuchas ilegales y violaciones a la presunción de inocencia a través de los medios de comunicación.
“Se pretendió señalar que el ‘caso Bombas’ era un montaje y una suerte de obcecación u obsesión de este ministro del Interior", declaró Hinzpeter. "La verdad es que todo ello quedó completamente desacreditado”.
El Secretario de Seguridad español, Francisco Martínez, reconoció que la colaboración de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (Jenaipol) de la Policía de Investigaciones de Chile fue “absolutamente crucial” en el operativo que terminó con la aprehensión de los dos chilenos en Europa, a quienes se les imputa la colocación de un artefacto explosivo el 2 de octubre de este año en la Basílica del Pilar de Zaragoza junto a una italiana y un argentino.
En declaraciones a The Clinic Online, el jefe de la Interpol en Chile, subprefecto Pedro Muñoz, señaló que la Interpol madrileña pidió información a nuestro país un mes antes de la explosión en Zaragoza, insinuando que la policía española ya seguía a los chilenos desde antes que instalaran – presuntamente – la bomba en el templo.
Según informa El País de España, las autoridades hispanas solicitaron datos a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el 4 de septiembre pasado, previo al atentado. El boletín agrega que los sospechosos fueron “identificados a raíz de las imágenes grabadas el mismo día de la explosión en los aledaños de la basílica”, en las cuales se les vería “llegando con dos mochilas al templo y tomando precauciones para no ser vistos”.
La versión de El País contradice algunos reportes periodísticos sobre la nula presencia de cámaras de vigilancia en los alrededores de la catedral.
“La Basílica del Pilar de Zaragoza en la que este miércoles han colocado un artefacto explosivo no cuenta con cámaras de seguridad en su interior ni en su perímetro”, reportó Europa Press el 2 de octubre. Un día después, el mismo medio publicó que la Policía Nacional se jactaba de no haber “recibido grabaciones del interior de la Basílica del Pilar… porque las cámaras de seguridad son de visualización”.
¿Grupo fantasma?
La confusa identidad del llamado “Comando Insurreccional Mateo Morral” – el supuesto grupo anarquista detrás de la acción – ha provocado especulaciones sobre la existencia de un montaje para ligar a grupos antisistema con el terrorismo, o lo que en la jerga de inteligencia se conoce como una “operación de bandera falsa”.
Coincidentemente, la primera acción reivindicada en febrero por Mateo Morral tampoco logró ser capturada en cámara. En dicha oportunidad, el supuesto grupo instaló fallidamente un explosivo con 200 gramos de pólvora, un kilo de clavos a modo de metralla y un detonador en un confesionario de la catedral de Almudena de Madrid. El canónigo Jesús Junquera reconoció ante los medios que las “cámaras en lo que es la zona del templo en este momento no estaban funcionando”.
“Es un false flag evidente, hay demasiados indicios como para ignorarlos a priori”, publicó el sitio español Nodo50. “Las cámaras de seguridad convenientemente no grabaron nada, es demasiada casualidad que el mismo día en que debuta un grupo anarquista nuevo las cámaras de seguridad se estropeen… este es un país cristiano y una bomba en una importante catedral aglutinaria a todos los cristianos de izquierda y derecha en contra de los anarquistas”.
“Ya ocurrió con el Montaje de la Mano Negra, salvando las distancias históricas, con un proceso muy similar a lo que ocurre ahora con el Comando Mateo Morral, ya que nadie sabía quién era, hasta que llegó a demostrarse que era el propio Estado con el consentimiento del Monarca, quién aprovechó una serie de asesinatos para ejecutar a 7 trabajadores por garrote vil, provocando el odio y consiguiendo crear diferencias y dividir filas dentro del movimiento libertario andaluz”, escribió por su parte el portal La Haine.
Pese a todas estas inconsistencias y el hecho de que ni Solar ni Caballero han sido declarados culpables por la justicia española, el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido retomar su campaña del terror y capitalizar políticamente este incidente en un período electoral.
Instrucción extranjera
La participación de Chile en este nuevo fiasco sería imposible de entender sin considerar que el Ejecutivo ha trabajado incansablemente por introducir las lógicas de la “guerra contra el terrorismo” en la instrucción de policías y fiscales, codo a codo con organismos extranjeros como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para reforzar sus tácticas represivas en el ámbito doméstico – véase la complicidad de la embajada de Estados Unidos en el montaje “caso paquistaní”.
Para efectos de entender la coordinación con los servicios de seguridad españoles, es necesario considerar la visita reservada que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza – el mismo que ha sido cuestionado por no esclarecer la autoría material de los atentados del 11M –, tuvo a Chile en 2010 para encabezar un seminario internacional sobre terrorismo y crimen organizado convocado por el Ministerio Público.
A la reunión asistieron “representantes de la ANI, el Ministerio del Interior, además del fiscal Francisco Ljubetic, a cargo de los juicios contra los presos mapuches en La Araucanía”. Zaragoza declaró a los presentes que si en un país existe ley antiterrorista, “hay que atreverse a aplicarla y nunca dudar qué hacer”, según consigna la revista Qué Pasa.
En enero de 2012, fiscales y policías chilenos formaron parte del “Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigaciones Complejas y Terrorismo”, impartido por personal español que estuvo a cargo de perseguir y desbaratar al grupo subversivo ETA. Radio Universidad de Chile reportó que la capacitación puso acento “en casos de alta complejidad y en la desarticulación de células radicales”.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó el evento diciendo que el objetivo del gobierno es crear “un clima de tensión y desconfianza, comparando episodios de terrorismo con situaciones como el Caso Bombas o los incendios supuestamente intencionales en el sur del país”.
“Todo el mundo sabe que el Caso Bombas es un montaje conducido por el ex fiscal (Alejandro) Peña y que es el Estado el que está judicializando las demandas de los mapuche y criminalizándolos”, sostuvo la dirigenta.
